El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo Nacional al Congreso y paralelamente con un decreto de necesidad y urgencia, denominados popularmente como de Reforma Judicial, son parte de los anuncios del Presidente de la Nación Alberto Fernández, tanto en campaña electoral como en la apertura de sesiones ordinarias , expresando en aquella oportunidad un "nunca más" a la justicia utilizada para "saldar discusiones políticas", y que los mismos estén en "manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión".

Bajo estas premisas es que el primer mandatario envió recientemente al Congreso Nacional una iniciativa legislativa - que no serán las únicas- sobre la Organización y Competencia de la Justicia Federal que ya fue tratada en la Cámara de Senadores, durante las últimas semanas, en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, obteniendo dictámen para su debate.
La otra consiste en un DNU sobre la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que una vez constituido, deberá elaborar un dictamen con propuestas y recomendaciones al Ejecutivo sobre reformas de la justicia, entre ellas las referidas a la Corte Suprema, en un plazo de 90 días.

Hemos observado un sin fin de opiniones, tanto a favor como en contra, sobre la iniciativa presidencial, principalmente en los medios de comunicación masiva.

¿Pero que debemos enfocar sobre la reforma judicial? Principalmente, que viene a saldar una gran deuda que tiene la democracia. Es indudable el desprestigio que tiene el Poder Judicial en gran parte de la ciudadanía, ergo es una demanda de la sociedad desde el advenimiento de la democracia en nuestro País.

Tras 20 días de discusiones y exposiciones en las Comisiones competentes del Senado Nacional por parte de los más variados actores invitados del mundo judicial, político y académico, tanto por el oficialismo como por la oposición, se ha considerado que es necesaria una reforma, más allá de posturas disímiles.

Lo cierto es que nada de lo que propone esta reforma lesiona la Constitución Nacional. Por el contrario, busca federalizar y transparentar un sistema, que hoy se encuentra concentrado al servicio de grandes corporaciones e intereses mezquinos a los clamores populares.
Asimismo, afirmamos que es una herramienta que busca desterrar el Lawfare, que en nuestra región ha sido adoptado en los últimos años como mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlos en el gobierno, encarcelarlos o por lo menos desprestigiarlos cruelmente. Ello, en total complicidad con las corporaciones mediáticas que trabajan en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares y políticas que participen en el intento de erradicar estas prácticas nocivas a las democracias.

Hemos observado como el Poder Judicial en nuestro país se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliega, casi sin límites, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes.

Siempre es el momento oportuno de pensar cómo institucionalizar mejor.
Estamos en un momento delicado a causa de la pandemia por el Covid 19 que desnudó como nunca las desigualdades, muchas de ellas como consecuencia de un poder obsoleto, concentrado e injusto, pero lo que no debemos permitir es que el poder político deje de discutir cómo mejorar nuestras instituciones.
En la Argentina de hoy ya no podemos tolerar un sistema de administración de justicia abyecto, el cual ha estado frenando la vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales, el que ha resistido en lo posible el enjuiciamiento de las responsabilidades del terrorismo de Estado; esa Justicia que ha violentado las normas y protocolos respecto a la violencia de género y el aborto no punible, entre otras cosas.
Todo esto son rémoras de aquella administración de justicia que fuera servil a la usurpación del poder político, y que jamás tuvo una palabra en defensa, ni de las instituciones, ni de los derechos humanos.

Parafraseando al Jefe de Estado: “Es hora de tener una Justicia independiente, sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos ni políticos”. Es por eso, que pensamos que esta reforma propuesta por el Presidente es de vital importancia para las diversas capas de la Republica y para garantizar desde el equilibrio de poderes hasta el valor de la justicia, pasando por la lucha contra la impunidad.