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INTERNACIONALES

14 de noviembre de 2024

Brasil prevé reducir 67% de los gases de efecto invernadero y se prepara para la cumbre del clima de 2025 en la Amazonía

La presencia del gigante latinoamericano en la COP29 de Azerbaiyán este año es masiva, lo que indica su intención de mostrar un relevo con la conferencia del año que viene

>El mundo se reúne en Bakú, Azerbaiyán, hasta el 22 de noviembre para la 29ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), y Brasil aprovecha para calentar motores de cara a la COP30, que se celebrará el año que viene en Belém, en el estado de Amazonas.

 

En virtud del Acuerdo de París, recuerdan, los países firmantes pactaron reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero para permitir que el aumento de la temperatura media global en superficie a largo plazo se mantenga muy por debajo de los 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C a fin de evitar un cambio climático catastrófico. Brasil afirma que su objetivo de reducción de emisiones está en consonancia con el objetivo mundial.

De una COP29 en la que destacaron las ausencias de líderes mundiales como Joe Biden por Estados Unidos, Emanuel Macron por Francia, Olaf Scholz por Alemania y también miembros de los BRICS como Xi Jinping por China y Narendra Modi por India, Alckmin dio una cita para 2025. «En nombre del presidente Lula: espero verles el año que viene en Brasil», dijo.

Pero aún falta un año para la COP30 y algunas cuestiones corren el riesgo de tener un efecto boomerang en los próximos meses, creando problemas a la imagen ambientalista de Brasil. En primer lugar, el beneplácito de Lula a la explotación petrolífera del llamado Margen Ecuatorial en la zona de la desembocadura del río Amazonas parece ahora muy probable. El martes, el senador por el estado de Amazonas Eduardo Braga, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), afirmó que el presidente dijo que «se están realizando estudios y que el gobierno dará la licencia para la exploración en la zona». La cuestión ha encendido el debate en Brasil en los últimos meses. Por un lado están las organizaciones ecologistas y las comunidades indígenas, que ven en el proyecto una grave amenaza para el ecosistema amazónico. Por otro, la petrolera nacional Petrobras mantiene desde hace meses un tira y afloja con el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables). La zona donde se perforaría el pozo petrolífero está a 500 km de la desembocadura del río Amazonas y a unos 170 km de la costa.

El Margen Ecuatorial, recordemos, comprende toda la costa norte del país y se llama así por su proximidad al ecuador. Comienza en Guyana y se extiende hasta el estado de Rio Grande do Norte, en el nordeste de Brasil. El Margen Ecuatorial brasileño se divide en cinco zonas, una de las cuales es la desembocadura del Amazonas. A pesar del posible aval de Lula, un informe del área técnica del Ibama publicado a finales de septiembre pasado recomendó que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables no diera la autorización. La principal crítica de los ingenieros del Ibama es que «no se ha presentado ninguna alternativa viable para mitigar satisfactoriamente la pérdida de biodiversidad en caso de incidente de vertido de petróleo. Esta condición es especialmente crítica, dada la importante biodiversidad marina y la alta sensibilidad ambiental de los ecosistemas que se verían afectados». El informe también advierte de que cualquier autorización puede tener «el efecto de cambiar no sólo este proceso, sino toda la práctica de concesión de licencias medioambientales en el país». A pesar de este documento, el 22 de octubre, en una carta, el presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Rodrigo Agostinho, afirmó que “los avances presentados por Petrobras permiten la continuación del diálogo con el Ibama, para conocimiento y presentación de las aclaraciones necesarias”.

 

La cuestión de la lucha contra la deforestación también puede perjudicar la imagen de Brasil en los próximos meses. Por un lado, es cierto que hay buenas noticias. Las cifras publicadas en los últimos días por el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE) indican que la deforestación en la Amazonía brasileña ha disminuido un 30,6% en el último año, alcanzando su nivel más bajo desde 2015, con 6.288 kilómetros cuadrados deforestados al 31 de julio de 2024. Se trata de datos del sistema Prodes (Proyecto de Seguimiento por Satélite de la Deforestación de la Amazonía Legal), que se divulgan dos veces al año. El Prodes utiliza principalmente los satélites LANDSAT estadounidenses, a los que se suman otros, y por eso sus datos son luego los utilizados por Brasil internacionalmente.

 

Desde su toma de posesión, el presidente Lula ha prometido crear la llamada «autoridad climática», un organismo que dirija las políticas climáticas del gobierno y, por tanto, también necesario para la prevención de fenómenos climáticos catastróficos, como las inundaciones que devastaron el estado sureño de Rio Grande do Sul el pasado mes de mayo. Según la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, la elaboración del modelo es compleja, ya que requiere un nuevo marco jurídico. De hecho, según el diario O Estado de São Paulo, el gobierno quiere que la Autoridad del Clima dependa del Ministerio de la Casa Civil y no del Ministerio de Medio Ambiente, lo que está creando un claro debate y negociaciones con el efecto de alargar los plazos.

Por el contrario, no hay tiempo que perder. En la aceleración del proceso de destrucción de áreas simbólicas de Brasil como la Amazonía, el crimen organizado desempeña un papel cada vez más importante. Hace apenas unos días, tras dos años de investigación, la Policía Federal brasileña envió al Ministerio Público Federal el informe de su investigación sobre el doble asesinato del activista de los derechos indígenas Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips. Entre los nueve acusados se encuentra el presunto autor intelectual del doble asesinato, sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico. El caso es una importante advertencia sobre la necesidad de actuar de forma estructurada y sostenida en el tiempo para no entregar toda la Amazonía al crimen organizado. El gobierno brasileño también deberá tenerlo en cuenta cuando reciba al mundo en la COP 30.

 

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