Por Matías Resano
@matiresano
Enviado especial a MAR DEL PLATA

"Mar del Plata tiene una estadística alarmante de violencia de género y no hay políticas de asistencia a las víctimas”.

El testimonio corresponde a las representantes de la Asamblea Popular Brotando Lucha, organización que se centra en resolver problemáticas y estar cerca de las víctimas, ante una marcada ausencia de las autoridades municipales.

Una de las representantes de la Asamblea, Lorena, explicó a “Crónica” que “acá se puso mucha plata en la elección de la Reina del Mar mientras se cortaban las becas a víctimas de violencia de género”.

Por eso, Cecilia, integrante de la misma entidad, señaló que “una mujer golpeada sin esa beca está cautiva en el mismo lugar que su agresor, porque le permitía esa suma de dinero tener la oportunidad de buscarse otro lugar, lejos de quien la agrede”.

En el mismo sentido, Lorena denunció que desaparecieron los “programas de ayuda psicológica, la recepción telefónica”, por lo que “si a una mujer la golpean, no tiene a quien llamar”.

Una muestra de ello, por demás escandalosa, consistió en que “la semana pasada no tenían tinta las impresoras de las comisarías de la mujer y entonces no se podía tomar las denuncias, con lo difícil que es que la víctima vaya a una seccional a denunciar a su agresor”.

“Los vecinos tuvimos que ver de qué manera solucionarlo”, siguió. Esta terrible situación tuvo un efecto aún mayor con el caso del papá de una menor abusada en agosto cuando iba a la escuela y fue interceptada por cinco sujetos.

“En noviembre su padre murió por un ACV, pero fue producto de la impunidad. Fue un caso terrible”, confesó Lorena, y agregó: “La directora del hospital en el que estaba internado no podía creer que no lo asistieran económicamente para su tratamiento, porque es una familia humilde. Entonces los vecinos juntaron donaciones”.

No fue el único caso. Marta, la madre de Lucía Pérez, macabramente asesinada el 8 de octubre pasado, fue víctima de la agresión de un funcionario.

El femicidio impulsó multitudinarias marchas con el legado “Ni una menos” en la ciudad, pese a lo cual, el secretario de gobierno de General Pueyrredón, Alejandro Vicente, no adoptó una conducta acorde con el mensaje.

“La mamá de Lucía estaba esperando que le devolvieran el dinero del sepelio, que le correspondía a la Municipalidad, y salió el secretario de gobierno a darle un empujón por ese reclamo”, contaron.

Por eso, “hay una denuncia penal” ya que el funcionario sigue en su cargo, cristalizando la postura municipal frente a una problemática prioritaria como la violencia de género.