El presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti fueron imputados por la firma de un memorando con Qatar, que incluiría cláusulas  presuntemente ilegales.

La denuncia había sido presentada por Fernando Míguez, integrante la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, con intervención de la fiscal federal Paloma Ochoa, quien se pronunció a favor de abrir formalmente una investigación y solicitó las primeras medidas de  prueba.

Pero, además, la fiscal Ochoa solicitó al magistrado que dicte  una medida cautelar para que “no se de comienzo o se interrumpa”  la puesta en marcha del memorándum mientras se realiza la  investigación.

Además de Macri, la denuncia alcanza a Michetti, quien firmó el  memorándum en Qatar, así como al asesor del Presidente en  Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director del Fondo de  Garantía de Sustentabilidad ANSES, Luis María Blaquier; el  director general de Relaciones Internacionales del Senado, JosÚ  Amaya Ortíz; la embajadora argentina en Doha, Cecilia Rossana  Surballe; y la canciller Susana Malcorra. 

También al extenista Gastón “Gato” Gaudio, amigo del emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, quien habría realizado gestiones entre ambas partes.

Argentina y Qatar firmaron el 6 de noviembre pasado un memorándum comercial que tendría cláusulas de confidencialidad: se trata de un acuerdo entre el Fondo Qatarí de Inversiones y el  Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses por 1.300 millones de dólares.

El objetivo era que el gobierno del país asiático realizara importantes inversiones a nivel local, pero suscitó la polémica porque el acuerdo incluye la creación de una estructura “offshore” y la participación de un “gerente  extranjero” que tendría poder sobre la administración de los fondos.

Para el denunciante, en principio se habrían cometido los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones  incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio  al erario público a partir de la firma del acuerdo.

Deberá investigarse a los funcionarios públicos que debiendo  velar por el cumplimiento de las leyes nacionales y el resguardo  del patrimonio público hayan convenido expresamente en un  instrumento internacional, transferir a travÚs de una plataforma  offshore recursos públicos provenientes del Fondo de Garantia de  Sustentabilidad (FGS) hacia un paraíso fiscal”, dictaminó Ochoa en  su pronunciamiento, que deberá ahora resolver el juez Rafecas.

Agencias