El presidente Mauricio Macri vetó de manera total una ley que declaraba de interés nacional la protección de personas con trombofilia, así como también una iniciativa que apuntaba a introducir el concepto de “Salario Mínimo Profesional” dentro de la Ley de Contrato de Trabajo.

El gobierno vetó la ley que impulsa la detección precoz de la trombofilia, patología que puede provocar abortos y muerte fetal, al considerar que está “expresamente desaconsejada” la práctica de estudios tempranos “aun en edad pre fértil y fértil en mujeres asintomáticas”, y destacó que la norma fue cuestionada por asociaciones médicas especializadas.

El veto total de la norma, sancionada el 23 de noviembre por el Congreso, se publicó en el Boletín Oficial mediante el decreto 1.281, que lleva las firmas del presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Salud, Jorge Lemus.

La ley había declarado “de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas, ya sea hereditaria o adquirida, permanente o transitoria, o la combinación de ambas”.

De ese modo, comprendía a las mujeres con propensión a generar coágulos sanguíneos que ponen en riesgo los embarazos.

La norma buscaba la “detección precoz de la trombofilia, el control y el tratamiento de la misma, en mujeres en edad pre fértil y fértil” y disponía la creación del Programa de Estudio e Investigación, Docencia, Formación, Diagnóstico y Tratamiento de la Trombofilia, en el ámbito del ministerio de Salud.


Freno a la ley que establecía el salario mínimo profesional

El Gobierno vetó una ley del Congreso que reestablecía la institución del salario mínimo profesional, aplicable a todos los salarios fijados por convención colectiva o laudo arbitral para cada categoría profesional de la actividad, según publica el Boletín Oficial.

Se trata de un proyecto impulsado por el ex diputado y actual senador nacional del FPV-PJ por Chubut, Mario País, aprobado en 2015 por la Cámara de Diputados con la anterior composición del cuerpo, y al que el Senado dio sanción definitiva el pasado 23 de noviembre por unanimidad.

La iniciativa había recibido dictamen de la comisión de Trabajo del Senado, que preside Daniel Lovera (PJ-La Pampa), el 1 de noviembre pasado con las firmas de legisladores de todos los bloques como Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz), Inés Blas (FPV-Catamarca), Juan Pais (FPV-Chubut) y de la presidente del bloque de senadores del PRO, Laura Rodríguez Machado, entre otros.

El proyecto buscaba volver a introducir en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) el concepto de salario mínimo profesional, que fue suprimido por la reforma introducida por la última dictadura cívico militar en 1976, siguiendo la misma técnica legislativa que originariamente fue establecida en los artículos 131 y 132 del texto original.

De acuerdo a los fundamentos de la iniciativa, el objetivo del proyecto era precisar que el salario mínimo profesional regirá "para todos los trabajadores por categoría profesional de la actividad o empresa que corresponda" y tendrá vigencia al concertarse la convención colectiva de trabajo.

Este salario profesional podría asimilarse, según el proyecto, en su escala al salario básico, ya que para fijar su monto se deben tomar en cuenta diversas circunstancias, como la capacidad técnica del trabajador, la naturaleza y riesgo del trabajo, la situación económica de una rama de la producción o de la empresa.