Por Florencia Golender
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Hace rato que el país no da oportunidades accesibles de créditos hipotecarios, por lo que muchos argentinos se vieron obligados a alquilar su vivienda. Desde entonces, el mercado ha favorecido siempre a propietarios e inmobiliarias antes que al inquilino. En la última semana recibió media sanción en el Senado un proyecto de ley que no soluciona del todo esa posición de desventaja pero establece algunas reglas que, de cumplirse, detendrán el abuso.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las experiencias de los inquilinos suelen estar repletas de injusticias: exigencia de que la garantía sea una propiedad de Capital Federal, aplicación de aumentos semestrales que concluyen el año con subas que superan ampliamente a la inflación, pagos por arreglos que corresponden al propietario, inmobiliarias que cobran dos y hasta tres veces el valor de un mes de alquiler como comisión, etcétera.

Todos esos abusos en la relación contractual parecen no tener remedio. El que alquila no lo hace por gusto, sino porque no tiene otra opción y si el mercado no está controlado como corresponde, al inquilino no le queda otra que jugar las reglas del juego en vez de las de la ley. Y cada dos años, todo empieza de nuevo.

En ese sentido, el proyecto de ley que aprobó Senadores mejora muchos puntos del contrato pero no soluciona cuestiones como el tiempo mínimo de arrendamiento. El texto propone pasar de dos a tres años el plazo que dura el alquiler. Teniendo en cuenta que muchos departamentos se alquilan como vivienda familiar, los contratos podrían ser más largos o al menos plantear otro plazo para cuando se trata del hogar donde habita un menor.

Ajuste de contratos

La situación de los plazos de los contratos y los ajustes semestrales de la renta no sólo tiene que ver con la impunidad del mercado sino también con el contexto económico. En ese marco, la inflación es una clara enemiga a la hora de cerrar contrato, y este año que se calcula rondará el 40%, hubo inmobiliarias que aplicaron hasta 60% de suba. La iniciativa que aprobó la Cámara Alta especifica que a la hora de ajustar el valor del alquiler se tomen como base los índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS).

Algunos analistas ya adelantaron que con ese criterio el año que viene los aumentos no deberían superar el 35%. Pero habrá que esperar, porque tal razonamiento surgió de la posibilidad de que el proyecto girado a Diputados fuera tratado en las sesiones extraordinarias de diciembre y quedara aprobado antes de fin año.

Finalmente, el último jueves se supo que el lobby inmobiliario ganó una vez más y el proyecto para regular alquileres no entró en la lista de los 18 que serán tratados antes de cerrar este año legislativo. Recién en marzo próximo las miles de familias que alquilan podrían tener novedades.