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ECONOMIA

12 de febrero de 2025

Tras la disolución de la Secretaría de Vivienda, qué pasará con las obras sin terminar del eliminado plan Procrear

La “motosierra” llegó a ese organismo. El Gobierno busca que la política habitacional sea gestionada por provincias, municipios y el sector privado. Hay unas 17.000 unidades sin concluir

>En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional, tal como lo anunció Gran parte de las funciones de la ex Secretaría de Vivienda se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que fueron disueltos o están en proceso de liquidación. Según el Gobierno, estos instrumentos presentaban un mal uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados concretos.

En este contexto, la administración nacional ratificó hoy que las provincias y municipios asumirán la responsabilidad de impulsar este tipo de obras, tras detectar irregularidades en la gestión estatal, y aplicó la “Motosierra” en esta área.

En un contexto marcado por la necesidad de reestructurar programas habitacionales y optimizar el uso de recursos públicos, el Gobierno de Javier Milei tomó medidas para abordar los desafíos en la construcción y entrega de viviendas. Actualmente existen 17.000 viviendas en proceso de construcción que aún no fueron finalizadas y que corresponden al eliminado Plan Procrear.

La administración nacional busca resolver esta situación mediante la subasta de propiedades y la transferencia de proyectos a provincias y municipios, con el objetivo de garantizar su conclusión.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof adoptó una estrategia similar, asumió la responsabilidad de concluir y entregar viviendas que ya contaban con un avance significativo en su construcción.

En algunos partidos del Conurbano bonaerense, como Avellaneda, se encuentran en ejecución 3.000 viviendas que fueron financiadas con recursos propios del gobierno provincial, lo que permitió avanzar en su finalización.

Las viviendas de los Desarrollos Urbanísticos, en su mayoría departamentos o PH de dos y tres ambientes, serían puestas a la venta, pero aún no se definió si contarán con financiamiento privado.

También se considera la entrega de unidades a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su disposición.

Desde inicios de 2024, el Gobierno inició un proceso de auditoría exhaustivo sobre las obras en ejecución que dejó la anterior administración nacional.

En el marco de las reformas del Gobierno, se detectaron irregularidades en fondos fiduciarios, como fallas en control y registro contable. Esto llevó a la disolución del Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS) la semana pasada.

El Gobierno informó que revisó los últimos 2.500 créditos otorgados en noviembre de 2023, un mes antes del fin del mandato de Alberto Fernández. Según indicaron, Mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno dispuso Además, el Decreto 6/2025 de este mes determinó el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, señalado por su uso con fines políticos y clientelistas, así como por la detección de incumplimientos e irregularidades. En la misma línea, el Gobierno avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El cierre de la Secretaría se implementará de manera ordenada y progresiva mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), encargada de garantizar la transición de responsabilidades. La administración nacional argumenta que la política habitacional se orientará hacia un esquema basado en el crédito privado y la participación del sector privado en la financiación de proyectos inmobiliarios.

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