Más de 200 cuerpos desaparecieron de las morgues de seis hospitales públicos de la ciudad durante la gestión de Mauricio Macri. Lejos de buscar esclarecerlo, el gobierno porteño trabó la investigación judicial. Ahora un tribunal apartó al juez y el caso se hunde.

En agosto de 2013, un expediente reveló que más de 200 cadáveres –la mayoría, de bebés– faltaban en las morgues de seis hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, según los registros oficiales. También expuso el descontrol y el pésimo estado en que se encontraban estos depósitos, que dependen del gobierno porteño. A pesar de su magnitud, el hecho fue silenciado por las maniobras judiciales del PRO y el conveniente desinterés de los medios de prensa que imponen la agenda. Ante el escándalo, la administración macrista y la cúpula local del Poder Judicial no enfocaron sus esfuerzos en esclarecer lo sucedido, sino en bloquear de inmediato el avance de la investigación y quitar del medio al magistrado que le dio origen. Pocas semanas atrás, luego de tres años de burocracia legal y desidia política, la estrategia tuvo su epílogo: atribuyéndole “falta de imparcialidad”, el Tribunal Superior (TSJ) de la Ciudad aceptó apartar al juez Andrés Gallardo, en lo que podría significar el último clavo sobre una causa maldita, que el PRO siempre quiso sepultar.

En el puñado de días que tuvo antes de ser recusado, Gallardo había inspeccionado morgues “en condiciones peores a las de un ‘basural’”, con imágenes dignas de un film de terror. Detectó “la ausencia de varios cadáveres cuya inhumación fue judicialmente requerida por el Gobierno, y la presencia de otros que no se encuentran registrados en ningún lado o ni siquiera tienen identificación”. Se topó con “dos cuerpos distintos que están identificados con un mismo nombre”, “trozos de miembros amputados” y “numerosos cadáveres en avanzado estado de putrefacción ‘entreverados’ con otros”. En su informe, también alertó sobre “registros inexistentes o llevados de forma absolutamente irregular que computan como depositados numerosos cuerpos que faltan frente a otros que sobran, descontrol absoluto en la entrada y salidas de óbitos, ausencia de personal responsable y hasta depósitos de botellas de cerveza en una cámara de frío”.

El titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario consideró que los delitos a determinar iban desde la violación de deberes de funcionario y la eventual falsificación de partidas de defunción, hasta la posible supresión de identidad y desaparición de cadáveres.

Investigan si hubo violación de deberes de funcionario, falsificación de partidas de defunción y hasta la posible supresión de identidad y desaparición de cadáveres.

Ahora, con la decisión del TSJ, todo quedó en manos del tribunal N° 7, que por licencia de la jueza Lidia Lago está siendo subrogado por Martín Miguel Converset. En la genealogía de la familia judicial porteña se cuenta que este joven magistrado, que asumió a fines de 2014, tuvo el padrinazgo del poderoso Daniel “Tano” Angelici, mandamás de Boca, dirigente radical y, ante todo, destacado operador de Mauricio Macri en Comodoro Py. Hasta el momento, Converset sólo emitió dos despachos, preliminares y de naturaleza estrictamente formal.

“Gravedad escandalosa”

La causa Nº 42.492 “GCBA s/Otros Procesos Incidentales” se abrió los primeros días de agosto de 2013, luego de un pedido de la administración que entonces encabezaba el actual presidente de la Nación. La Ciudad requirió autorización a Gallardo para sepultar 23 cuerpos que, aseguraba, estaban alojados hace años en las cámaras de seis hospitales. A simple vista, el juez advirtió que “la documentación acompañada adolecía de serias deficiencias e irregularidades”. De hecho, cuatro de los cadáveres no estaban en los depósitos indicados. “Que la máxima autoridad legal del Estado local promueva en el Poder Judicial acciones propiciando la sepultura de personas inexistentes o convalidando certificados de defunción confeccionados dos o tres años con posterioridad al eventual fallecimiento, es de una gravedad escandalosa”, señaló el magistrado.

Para recolectar pruebas, ordenó allanar los centros de salud involucrados. De las pericias surgió un cuadro aún más preocupante: había cientos de cuerpos que, de acuerdo a los libros de entrada y de salida, nunca habían sido retirados pero tampoco se hallaban en las morgues. Eran 216 casos –77 adultos y 139 menores– a los que se les perdió el rastro. “Desde el año 2008 a la fecha (por agosto de 2013) supuestos cadáveres ingresados no acreditan su egreso”, resumió el expediente. En concreto, fueron 30 adultos y once bebés en el Ramos Mejía; 20 adultos y 73 bebés en el Rivadavia; tres adultos y un bebé en el Durand; un adulto en el Muñiz; 16 adultos y 24 bebés en el Piñeiro; y siete adultos y 30 bebés en el Santojanni.

Al haber menores afectados, por instrucción del Ministerio Público Tutelar se allanaron de forma simultánea las otras 18 morgues bajo la órbita de la Capital, junto a la Procuración General y la Dirección de Cementerios. Pero las acciones interpuestas por la Ciudad hicieron que de todo el material incautado –que ocupó 27 cajas– sólo se pudiera examinar, y parcialmente, el referido a la media docena de instituciones ya mencionadas. Entre los papeles que el tabique judicial del macrismo impidió estudiar, estaban las partidas que indicaban el paso por elSantojanni de un joven que estuvo internado en 2009 y falleció sin ser identificado. Ese NN era Luciano Arruga, a quien recién encontraron en octubre de 2014, en el cementerio de la Chacarita. El hallazgo fue fruto de un habeas corpus y del entrecruzamiento de huellas dactilares, pero hacía más de un año que documentos de gran valor sobre su paradero estaban “cajoneados” por las recusaciones de la Procuración porteña.

Movimiento de pinzas

En su fallo del 4 de julio pasado, pero conocido a fines de agosto, el Tribunal Superior acabó por acceder al pedido del PRO y apartó a Gallardo. Desde el inicio mismo de la causa, el Ejecutivo había puesto en marcha un plan sistemático de recusaciones que, más allá de hacer foco en el juez, lo que le permitió fue paralizar toda actuación.

El primer planteo llegó el 12 de agosto de 2013, a 11 días de comenzada la pesquisa. La Procuración dijo que Gallardo obstruyó la sepultura de cuerpos por exceso en sus facultades, “prejuzgamiento” y “enemistad manifiesta”. Como supuesta prueba, mencionaron su participación en el colectivo Justicia Legítima y la “sintonía con la postura del gobierno nacional (que encabezaba Cristina Kirchner) respecto de la necesidad de una reforma judicial”.

El caso estuvo dormido en la Cámara de Apelaciones del fuero por 9 meses. En ese tiempo, la investigación se congeló. Si bien había sido derivada al Juzgado Nº 3, de Pablo Mántaras, ante una consulta del tribunal de alzada, este magistrado se desprendió de todo el expediente.

Recién el 29 de mayo de 2014 la Sala III, por mayoría, rechazó apartar a Gallardo y le devolvió la causa. Los camaristas y la Fiscalía coincidieron en que no había “causales de recusación”, además de explicarle a la querella que la enemistad “no puede experimentarse con respecto a una persona jurídica de carácter público”. Es decir, no se puede ser “enemigo” de un distrito.

De todos modos, esto apenas duró cuatro días. Fue lo que tardó el macrismo en presentar una segunda recusación, con argumentos calcados. Gallardo había llegado a ordenar nuevas inspecciones en las morgues, pero nunca se concretaron.

En cuanto al dictamen que rechazó el primer pedido de apartamiento, la Ciudad hizo un planteo de “inconstitucionalidad” y como también fue desestimado –por no haber sentencia definitiva–, fue en queja al Tribunal Superior. Antes incluso de aceptar el caso, la máxima instancia de la justicia local accedió a una exigencia del gobierno y absorbió todas las actuaciones “hasta tanto exista un pronunciamiento firme (…) respecto de la recusación en marras”. En pocas palabras, la investigación–que ya estaba sorteada en el juzgado de Lago– quedó otra vez freezada.

Por último, para admitir la recusación, el Tribunal Superior concluyó que Gallardo tuvo “falta de imparcialidad” por aplicar “diligencias decretadas unilateralmente”. Ajeno a la circunstancia de que 216 cuerpos se hayan extraviado en el papeleo de las morgues, el TSJ afirmó que, “cualquiera sea el acierto o error de las medidas adoptadas”, la actitud del juez revela “indicadores de una opinión preconcebida”.

Más denuncias

En paralelo, la Ciudad había acusado penalmente a Gallardo por abuso de autoridad y violación de secreto, en otro frente donde el partido amarillo tampoco se aviene a aceptar fallos adversos.

En febrero de 2014, Luis Alberto Schelgel, titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 11, sobreseyó al juez en la causa 43056/14. A Schelgel le generó “sorpresa” que la querella, “en lugar acompañar el proceso de esclarecimiento de los dolorosos hallazgos realizados (…), decidiera denunciar” a quien los había detectado. Es más: consideró esta posición “como poco razonable e intempestiva, máxime teniendo en cuenta los macabros descubrimientos que produjeron las diligencia ordenadas”.

También el fiscal que intervino, Edgardo Orfila, recordó que los allanamientos y otras medidas “obedecieron a un cuadro de gravísimas irregularidades detectadas en el manejo de los cuerpos de víctimas fallecidas”.

Gallardo le comunicó al Consejo de la Magistratura que la actitud del macrismo –que lo recusó más de 770 veces– afecta su “independencia como magistrado” y compromete su trabajo.

A pesar de estos elementos, el PRO apeló la sentencia, pero la Sala VI de la Cámara del Crimen ratificó el sobreseimiento. La Procuración interpuso entonces un recurso ante la Casación, que en diciembre de 2015 fue aceptado de forma parcial. El caso retornó así a la primera instancia, donde Schelgel, el 29 de agosto pasado, aportó más argumentos para de nuevo sobreseer al acusado. Imperturbable y ya bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad volvió a apelar. En respuesta, Gallardo le comunicó al Consejo de la Magistratura que la actitud delmacrismo –que lo recusó más de 770 veces– afecta su “independencia como magistrado” y compromete su trabajo.

Por motivos similares, en 2013 el juez había radicado una denuncia penal contra Macri y quienes eran la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y el procurador General, Marcelo Conte Grand. Los acusó de encubrir los eventuales delitos constatados en los depósitos de cuerpos.

La causa 42188/13 “Hospital Ramos Mejía y otros s/ incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” está hoy radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez. El 8 de agosto pasado, Rodríguez informó que “el expediente se encuentra actualmente en trámite, en plena etapa investigativa”.

@soycarlosromero

FUENTE: http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/cadaveres-desaparecidos/

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