La Justicia porteña ordenó el jueves a Autopistas Urbanas que el aumento de tarifas de peaje no supere el 28,8%, por lo que deberá dar marcha atrás con ajustes que llegaban al 80%, en una medida que se implementará desde este fin de semana. Así lo dispuso la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, quien decidió que los nuevos cuadros tarifarios sean aplicados en forma inmediata.

Como el gobierno porteño cuenta con 24 horas para ajustar las tarifas, posiblemente desde el sábado quienes transiten por las autopistas de la ciudad pagarán los nuevos valores.

En el caso de las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, pasarán de abonar 40 a 32,30 pesos y de 55 a 38,64 pesos en hora pico; mientras que en la Illia pasarán de 17 a 12,88 pesos en horario no pico y de 25 a 19,32 pesos en hora pico. Antes del aumento, en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo los automovilistas pagaban 25 y 30 pesos en hora no pico y en la Illia entre 10 y 15 pesos.

En su fallo, Liberatori consideró que la concesionaria incumplió una medida cautelar dictada hace un mes que la obligó a presentar aumentos “justos y razonables”.

La magistrada resolvió “tener por incumplida la medida cautelar dictada” el pasado 4 de julio, en la cual dispuso “la suspensión parcial del aumento fijado en el cuadro tarifado dispuesto en el Decreto 72/2017”, y ordenó la readecuación de la tarifa de acuerdo con un criterio justo y razonable a fin de “evitar un perjuicio irreparable en el patrimonio de los usuarios de la red de autopistas”.

En la sentencia, la jueza dijo que el nuevo cuadro tarifario “otorgaría un descuento adicional de 15% para taxis, para combis y para pesados”, modificando el incremento tarifario del 53%, a un “ponderado de la tarifa anual al 46.44%”.

“AUSA no tuvo en cuenta al momento de formular el cuadro requerido en la medida cautelar, ninguno de los defectos apuntados por el Tribunal, es decir, no excluyó los conceptos excluidos del artículo 8 de la ley 3060, no se justificó la variación interanual del GAMO (Gastos de Administración y Mantenimiento Ordinarios) como fue requerido, ni presentó el índice inflacionario referido a los costos específicos de la empresa, a los efectos de respaldar sus dichos”, explicó. La medida cautelar fue impulsada por los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) Andrea Conde y José Cruz Campagnoli.