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Diez funcionarios de la sede marplatense del PAMI fueron imputados y llamados a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por presuntas maniobras defraudatorias al cobrar prestaciones de pacientes fallecidos, informaron fuentes judiciales

Los funcionarios fueron imputados tras haber tenido como víctima al Estado nacional, representado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).

La causa surgió a raíz de la presentación de facturas truchas con las que se cobraban supuestas prestaciones odontológicas brindadas a afiliados que estaban ya fallecidos.

Interviene en esta caso de corrupción el fiscal federal Nicolás Czizik y cuya instrucción fue asumida por el juez Santiago Inchausti, donde ya fueron procesadas cuatro personas, en octubre de 2014. Dos de ellas, como autoras del delito, eran responsables de la empresa que desplegó el accionar  para lograr el pago de las facturas apócrifas por parte del INSSJyP, conformaron distintas sociedades a los fines de ofrecer al organismo estatal servicios médico-odontológicos mediante "intermediarios", sociedades que en su mayoría estaban conformadas por personas fallecidas o inexistentes.

Otra de las personas procesadas fue el encargado de confeccionar y presentar las liquidaciones de la firma y los cheques, que luego eran cobrados por el cuarto procesado, quien utilizaba un DNI a nombre de otra persona, "obteniendo de esta manera un claro pero indebido beneficio patrimonial y disimulando la ruta del dinero", explicitó el magistrado.

La investigación también se orientó a determinar la presunta connivencia tanto de funcionarios públicos del Banco de la Nación Argentina (donde una persona que se hacía pasar por otra cobraba los cheques), como del propio INSSJyP, que operó durante un prolongado período de tiempo con estas sociedades.

En febrero de 2015, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los funcionarios de estas dos instituciones, como así también los escribanos intervinientes, podrían haber conformado, junto a los particulares procesados, una asociación dedicada a defraudar sistemáticamente a la Administración Pública nacional, pudiendo configurar delitos de corrupción.

El avance de la pesquisa sumó nuevos elementos de prueba y en agosto de 2016 el apoderado del PAMI, por orden del Juzgado actuante, entregó una serie de expedientes de facturación presentados por la misma firma investigada, entre 2003 y 2008. El dato llamativo es que todas esas presentaciones fueron hechas por el socio gerente de la SRL, que había fallecido en 2005.

Ante la presunción de que podría haber en la sede de PAMI otros expedientes irregulares, a fines de ese mes, se llevó adelante un allanamiento en el que secuestraron numerosos expedientes de facturación presentados por la misma firma, también por prestaciones odontológicas. Por tal motivo el juez resolvió citar como testigos a 16 odontólogos y 10 afiliados.

Hasta el momento no se dieron a conocer los nombres de las personas involucradas en este fraude que conmocionó e indignó a la comunidad marplatense, en especial a los adultos mayores.